Nuevas políticas jurídicas para el cambio migratorio. Tutela jurídico-social de los trabajadores emigrantes es el título del nuevo trabajo dirigido por José Antonio Fernández Avilés y coordinado por Manuela Durán Bernardino
El nuevo trabajo dirigido por José Antonio Fernández Avilés y coordinado por Manuela Durán Bernardino que lleva por título “Nuevas políticas jurídicas para el cambio migratorio. Tutela jurídico-social de los trabajadores emigrantes” pretende dar respuesta, desde la perspectiva político-jurídica, al conocimiento del fenómeno migratorio actual en nuestro país, a sus causas y a la necesaria tutela y acompañamiento en los procesos de emigración laboral presentes en nuestro país, esto es, la tutela de la ciudadanía trabajadora española en el exterior. Se trata de un reto global de la sociedad española, dada la situación actual y las expectativas de nuestros mercados de trabajo: se requiere una revisión profunda de los marcos normativos e institucionales que garanticen una adecuada tutela de los derechos sociales de los trabajadores nacionales incursos en procesos emigratorios.
En la actualidad, la emigración, ni el resto de formas de movilidad internacional, tienen un marco jurídico-normativo actualizado para dar una respuesta adecuada a la nueva emigración (fundamentalmente de tipo “económico-laboral”). Por ello, la obra ofrece un conjunto sistemático de investigaciones que profundizan en el análisis crítico de la situación actual y en la búsqueda de propuestas de lege ferenda para la reordenación de los aspectos relativos a la tutela jurídico-social de los trabajadores españoles que emigran (asesoramiento en materia de búsqueda de empleo en otros Estados, acompañamiento en los procesos migratorios, derechos de protección social, política de retorno, entre otros mucho aspectos). El objetivo general de la obra es pertrechar de un análisis de la realidad del fenómeno emigratorio actual, transfiriendo así a las instituciones públicas y al resto de operadores jurídicos las posibilidades de avance en la tutela jurídico-social y las garantías de los derechos de los trabajadores emigrantes.